Sobre el anteproyecto de Ley Organica del Poder Judicial

25/06/14

Por José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada. Portavoz del GPP en la Comisión de Justicia.

 

En estos días, y en relación a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), asistimos a un continuo bombardeo de informaciones lanzadas desde el PSOE que, sin el mínimo rigor ni fundamento, y con el único objetivo de confundir a la opinión pública, vienen a señalar en unas ocasiones que el Gobierno del PP pretende privar a Granada de la capitalidad judicial de Andalucía, y en otras, que se pretenden suprimir determinados partidos judiciales y cerrar aquellos juzgados que no estén ubicados en las capitales de provincia.

 

Quiero pensar que estos “errores”, son fruto de un profundo desconocimiento sobre la materia, y no de la mala fe. Por ello recomiendo a quien haya realizado desde el PSOE este inusual y poco riguroso comunicado, que lea atentamente el Anteproyecto de LOPJ.

 

En todo caso, y como la diputada socialista granadina Dª Elvira Ramón, ha solicitado “a los responsables del PP provincial que expliquen su incondicional apoyo a la eliminación de los partidos judiciales y de los juzgados de paz que planea el Gobierno de Rajoy”, voy a dar cumplida respuesta a su petición, comenzando por sugerirle que revise el Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia celebrada el 30 de noviembre de 2010 (cuando el PSOE gobernaba), y podrá comprobar que el entonces Secretario de Estado de Justicia del Gobierno socialista, y su portavoz parlamentaria, apoyaban con enorme entusiasmo las recomendaciones elaboradas por la Comisión Institucional sobre Demarcación y Planta nombrada en la anterior legislatura.

 

Estas recomendaciones, paradojas de la vida, eran muy similares a las que ahora se incluyen en el Anteproyecto de LOPJ. Concretamente, el entonces Secretario de Estado de Justicia defendía “la superación del Partido Judicial como base exclusiva del modelo, la extensión de la organización colegiada, y la creación de Tribunales de Instancia, organizados con arreglo a criterios de especialización. Estas recomendaciones, responden a una necesidad clara de establecer un sistema moderno de organización judicial, más ajustado a la realidad de los países de nuestro entorno”.

 

En definitiva -señalaba-, se pretende “impulsar una transformación orgánica que trate de aprovechar las ventajas que ofrece la concentración de recursos y un mejor aprovechamiento de las potencialidades del nuevo esquema funcional introducido por la nueva oficina judicial, creando al final un sistema en el cual el todo es más que la suma de las partes.”

 

Por tanto, no les extrañará que la sensación que me produjo leer el comunicado del grupo parlamentario socialista que da lugar a la noticia, y que justifican estas obligadas líneas de aclaración, ha sido la de profunda perplejidad, pues queda en evidencia que los señores socialistas o bien han cambiado mucho de opinión en poco más de tres años, o simplemente han olvidado completamente cuales eran sus planteamientos.

 

Así, cuando están en el gobierno, defienden un cambio profundo del modelo; consideran que esos “pilares sobre los que cimentar y culminar la organización judicial del siglo XXI”, implican el abandono del sistema de partidos judiciales, buscando la concentración de los recursos y la especialización. Y nos proponen, entre otras soluciones, la creación de los Tribunales de Instancia y la desaparición de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de Paz.

 

Y sin embargo, cuando están en la oposición, y como no fueron capaces de sacar adelante esta reforma tan necesaria para nuestra Justicia, nos piden que no se haga nada de aquello que antes tanto les gustaba. En definitiva, que esas propuestas se metan en un cajón y se olviden para siempre.

 

Para finalizar, indicaré que la propuesta elaborada por el Gobierno propone un nuevo diseño de la estructura organizativa judicial flexible, moderna y especializada. Un modelo que aprovechando la totalidad de los medios materiales de los que disponemos, sin reducir la planta judicial, ni suprimir sedes judiciales, garantice la continuidad en su aprovechamiento y, a la vez, procure la mayor calidad y eficacia en su respuesta. Esta es la pretensión, y esto es lo que debemos hacer entre todos, si queremos lograr finalmente una Justicia ágil y de calidad, que es, en definitiva, lo que los ciudadanos esperan de nosotros.

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